BUENOS AIRES.- Por primera vez en la historia de los juicios contra los crímenes de lesa humanidad ocurridos en la última dictadura militar en todo el país, la Justicia citó a indagatoria a un empresario. Se trata del salteño Marcos Levin, dueño de la compañía de micros de larga distancia "La Veloz del Norte", informó el diario porteño "Página/12".
Levin estaría comprometido en una causa en la que se investiga el secuestro de 12 trabajadores, en 1977, algunos de los cuales formaban parte de la conducción salteña de sindicato de UTA. De acuerdo a la causa, Víctor Manuel Cobos, chofer de uno de los ómnibus de la firma de Levin y secretario general del gremio, fue secuestrado de la sede de la empresa, en un auto de la firma que estaba disposición de la Policía.
De allí fue llevado hacia la seccional 4º de la capital de la provincia vecina -que fue señalada como un centro clandestino de detención-. En ese lugar, Cobos es torturado, le preguntan por los afiliados, por las reuniones y lo obligaron a firmar una declaración en la que admitió haber formado parte de una estafa que nunca existió. Unos días antes, el trabajador ya había sido intimidado en plena ruta por Levin y el entonces subcomisario Víctor Hugo Bocos, de acuerdo a las declaraciones.
Para el abogado David Leiva ?de Encuentro, Verdad y Justicia, querellante de la causa?, la intervención de Levin en el caso es clave: la alianza con las fuerzas de seguridad le permitió al empresario inventar una excusa como la estafa para despedir y sacarse de encima a la dirigencia de la UTA.
"Bocos es la persona que detiene a algunos de los 12 trabajadores de la empresa. Adentro de la comisaría los someten a torturas. Levin es la persona que iba después de los interrogatorios, y se reunía con Bocos y los otros policías. Cobos es uno de los que lo vieron en la 4º, y con el tiempo se enteraron hasta de algún festejo que se hizo dentro de la empresa por lo que estaba pasando", dijo.
De acuerdo al matutino porteño, Levin será indagado el próximo 7 de febrero, pro el juez federal de Salta, Julio Leonardo Bavio. La causa está radicada en la provincia vecina, pero es impulsada por un fiscal federal de Jujuy, Domingo José Batule. Todos los colegas fiscales de Salta se excusaron de intervenir porque otro de los denunciados es un antiguo juez federal llamado Jorge Alberto Trincavelli, una persona a la que las denuncias ubican una y otra vez dentro del centro clandestino y quien en los últimos años fue fiscal general de la provincia. LA GACETA ©